Mestizaje público en España

El pasado martes 9 de diciembre, el diario El País, publicó un artículo de opinión del escritor Jordi Soler, quien al hilo de la reciente elección de Barack Obama como presidente de los EE. UU. y del análisis del programa de Jon Snow en una televisión británica, realizaba una crítica a la sociedad europea que con tanto entusiasmo recibió la elección de Obama, por su poca colaboración para lograr un mestizaje como el británico o un ascenso en el poder de las minorías como el estadounidense.

Si bien la intencionalidad final del texto y las ideas que refleja no generan dudas, ya que su objetivo final, parece, es el de una correcta convivencia más allá de las diferencias raciales, cabría matizar ciertos detalles, para no dar una imagen sesgada de nuestra sociedad ni caer en la búsqueda de objetivos un tanto utópicos y probablemente poco prácticos.

 

Al plantear el caso de los miembros de un telediario británico y del futuro presidente estadounidense, el autor olvida ciertas realidades que alejan a España de los ejemplos citados. En primer lugar, en nuestro país, la mayor parte de los inmigrantes realizan trabajos de baja cualificación y son inmigrantes de primera generación. Este nivel de cualificación los sitúa en una posición de cierta inestabilidad laboral y en muchos casos, de baja remuneración. Esto se convierte en un gravísimo obstáculo para el acceso a profesiones que requieren estudios universitarios, como por ejemplo, los relacionados con el mundo de la comunicación. Del mismo modo, la carencia de este grado académico es, de facto, un impedimento para el desarrollo de una carrera política (pocos han sido los políticos en nuestro país que no han cursado estudios universitarios). Otra de las vías de promoción política y administrativa es el empleo público, coto cerrado (hasta el momento) a los inmigrantes.

 

La escasez de inmigrantes de segunda generación es otra de las razones por la que no existe representación: más allá del razonamiento académico, un inmigrante de primera generación, en comparación con el caso de Obama y la minoría negra de EE. UU., no tiene la nacionalidad española, condición sine qua non para su aceptación legal y también social. Serían pues los hijos de éstos los elegibles a los que debería referirse el autor, posponiendo en el tiempo la realización del objetivo. También debe tenerse en cuenta que la educación universitaria y la estabilidad laboral (cuyo paradigma lo encontramos en el funcionariado) son dos de las principales metas de las familias de la clase media. Y, de nuevo, la situación actual de la inmigración aleja los deseos del autor de la realidad. En nuestras universidades aún hay pocos estudiantes de origen foráneo en comparación con los que no alcanzan tal graduación. Esta situación es muy distinta en Estados Unidos o Reino Unido, donde tras años de convivencia, con hijos de inmigrantes (segundas y terceras generaciones), ciudadanos de pleno derecho, acceden a todos los grados de formación, requisito necesario para la promoción social y laboral, antesala, en las democracias liberales, de la promoción política y administrativa.

 

Llevar a cabo, en este momento, políticas de discriminación positiva como se están produciendo actualmente con las mujeres, sería caer en el absurdo y el despropósito: la realidad del colectivo femenino no es aplicable al de los inmigrantes: las ciudadanas españolas sí acceden con regularidad a estudios de todo tipo o empleo público (la asignatura pendiente son los puestos directivos). Las mujeres, por tanto, son parte de la clase media. Y en el sistema actual, el espejo social de los avances, de las políticas y también de los medios (por citar los ejemplos de Jordi Soler), están en la clase media.

 

Por tanto, la verdadera tarea y el objetivo fundamental del gobierno y de la sociedad (extensibles a toda Europa) no es alcanzar con premura una cuota de minorías (fijada por ley o no) en puestos representativos, sino lograr integrar a la población inmigrante (en muchos casos, ya con nacionalidad española) en la clase media, principal plataforma para el avance social. De este modo sí podremos compararnos con países anglosajones, incluso, si es pertinente, tomar iniciativas similares que consigan, definitivamente alejar la conflictividad social asociada a fenómenos migratorios como la experimentada en Francia durante 2005.

 

Un paso por delante

De vez en cuando, desde Estados Unidos nos llegan noticias que demuestran que sí, que ellos están un paso por delante. Si olvidamos rencores políticos e ideas estereotipadas, en ocasiones, tenemos que aplicar la enseñanza de “al César, lo que es del César” y reconocer la ventaja que llevan a Europa.

Uno de esos casos lo podemos leer en el blog Periodistas21 (un más que recomendable blog periodístico, esto es, sobre periodismo, orientado a los medios digitales). Su creador, Juan Varela nos cuenta la última novedad de la versión digital del muy influyente The New York Times: una nueva herramienta que enlaza las noticias publicadas en pantalla con su versión en otros medios, mostrando los enlaces directamente en su portada. Si bien es cierto que medios como El Mundo permiten una búsqueda de la noticia en otros medios, esto se hacía a través de un buscador y no directamente desde la propia página principal del diario. Así, el NYT rompe con una especie de tabú existente para la mayoría de los medios, la infantil ignorancia de la existencia de la competencia. Tímidamente, hasta ahora, habíamos observado referencias a otros medios, únicamente si utilizaban plataformas diferentes o si se trataba de informar sobre noticias negativas para la competencia.

La competencia, que es un verdadero servicio para la información, es, al menos en el NYT, un servicio integrado en su sistema de información digital. Y como sucede habitualmente, ese gran avance nos llega desde Estados Unidos. No hace mucho, en la noche electoral del pasado 4 de noviembre, el gran medio estadounidense por antonomasia, la primera televisión mundial, la CNN estrenó un sistema que, a través de hologramas, mostraba a la enviada especial a la sede demócrata de Chicago en un plató de Nueva York. Otra gran novedad para los medios en la noche histórica en la que Barack Obama fue elegido presidente. Un presidente electo cuya oficina, según podemos leer también en Periodistas21, publica sus contenidos en su web bajo una licencia de Creative Commons.

Novedades que, evidentemente, nos llegan siempre desde Estados Unidos.

El Gran Duque Enrique I de Luxemburgo se niega a firma la legislación de la eutanasia

Desde mediados de pasado siglo, las instituciones monárquicas europeas desempeñaban un papel de representación simbólica del país, alejadas de tareas de gobierno. El sistema de monarquía liberal concentraba el poder en los gobiernos de turno y en los parlamentos y el monarca realizaba una función similar al de los presidentes de la mayor parte de las repúblicas parlamentarias (con excepciones como Francia).

La implicación de las familias reales en las cuestiones políticas de actualidad siempre ha sido un tema espinoso en las últimas décadas, de ahí que los monarcas rara vez participen en el debate público, salvaguardando su imagen de garante constitucional que se les atribuye pública y legalmente. Pero esas “raras veces”, cuando se producen crean una controversia generalizada, envolviendo a toda la opinión pública: desde los principales medios de comunicación y opinión hasta el ciudadano de a pie. En nuestro país, durante el pasado mes de octubre se creó un debate alrededor de la publicación de un libro en el que se recogían ciertas opiniones de la Reina Doña Sofía a cerca de temas polémicos, como la violencia de género o los matrimonios entre homosexuales. Si bien en España, la Reina no tiene atribuciones legales más allá de ser la esposa del Jefe del Estado, la polémica salpicó a toda la Casa Real, poniendo en duda el papel de la Corona.

En Bélgica, en 1990, el Rey Balduino llegó a abdicar temporalmente (dos días, gracias un pequeño truco legal, en el que entregó en Regencia la Jefatura del Estado al Consejo de Ministros, para a los dos días el Parlamento otorgarle nuevamente la Corona) para evitar promulgar, en virtud de sus creencias católicas, una ley que regulaba el aborto. Éste es el caso más conocido en los últimos tiempos en los que un Jefe de Estado no ejecutivo rechaza firmar una ley aprobada por el Parlamento, acogiéndose a una suerte de desobediencia no recogida, en la mayor parte de los casos, por la ley.

En cambio, en otros países, el Jefe del Estado tiene la potestad de negarse a firmar las leyes aprobadas por las cámaras de representación. En la República Checa, tras la aprobación del trámite del Tratado de Lisboa por su Tribunal Constitucional (que previsiblemente será sacado adelante por el Parlamento), su Presidente Václav Klaus ha expresado su negativa a firmar ese Tratado. Este ejemplo no ha creado ningún tipo de polémica entorno a la potestad del Jefe del Estado para bloquear una ley. El problema surge cuando el bloqueo procede de una institución que, aunque reconocida por una Constitución democrática, no se rige por los principios de elección ciudadana. Así fue en Bélgica y así ocurre actualmente en Luxemburgo.

El Gran Ducado de Luxemburgo se enfrenta a una delicada situación tras la aprobación parlamentaria de una ley que legaliza la eutanasia y la posterior negativa del Gran Duque Enrique I a firmar dicha normativa. Pero a diferencia de Bélgica, la Constitución de Luxemburgo otorga al Jefe del Estado cierta libertad a la hora de promulgar leyes. Este es el punto que genera una polémica que puede desencadenar una grave crisis institucional. Podría decirse que la representatividad parlamentaria, el mandato ciudadano, el fruto de la elección democrática, se enfrenta a la decisión personal de la Monarquía, de un Jefe de Estado cuyo cargo ha sido heredado. Pero el matiz que dota de mayor complejidad a la situación es esa prerrogativa del Gran Duque para firmar leyes.

Entonces, ¿estamos ante un atentado contra la democracia?, ¿es garante de la democracia un monarca que se niega a promulgar leyes parlamentarias?, ¿sería contrario a los principios democráticos negarle a Enrique I esa libertad recogida en su Constitución?. Lo que a simple vista puede parecer un conflicto entre una institución tradicionalmente conservadora y un parlamento progresista, se convierte en un dilema que ataca directamente a los principios democráticos de uno de los países fundadores de la Unión Europea.

Por su parte, la Unión Europea, que tiene entre sus principios fundamentales los valores democráticos (uno de los requisitos de membresía es mantener un régimen democrático) y que ha despenalizado (aunque no la ha legislado, competencia de los parlamentos nacionales) la eutanasia, ve cómo en un momento de parálisis institucional (por los sucesivos tratados constitutivos), uno de sus miembros tiene paralizados sus mecanismos de legislación por un poder cuyo representante no ha sido elegido por procedimientos democráticos. Sin lugar a dudas, es un peligroso e incómodo precedente para la UE una situación en la cual un monarca situa su poder por encima del legislativo.

Probablemente, el origen del problema y el fondo final del mismo no es la ley sobre eutanasia en sí misma, sino la situación de la monarquía en el panorama actual. El apego a las tradiciones es una evidencia en las instituciones monárquicas es parte de su esencia incluso en los regímenes liberales actuales. Si bien algunos monarcas presentan aún al ejecutivo como su gobierno (caso británico); el papel meramente simbólico (caso español) es el habitual. Pero el caso luxemburgués coloca a la Corona en el centro de las críticas por su papel activo: la pasividad es el principal sustento de las familias reales de la Europa democrática, por lo que Enrique I, siguiendo sus convicciones, ha puesto en peligro su propia estabilidad.

Por lo pronto, y con vistas a evitar un grave desequilibrio, el gobierno de Jean-Claude Juncker llevará al Parlamento una propuesta de reforma constitucional que prevé reducir los privilegios del Jefe del Estado a la hora de promulgar leyes. Para ello, necesitarán el apoyo de dos tercios de los diputados. Habrá que estar al tanto del compromiso de los diputados de la minoría conservadora, si recortan el poder real en favor de la democracia o si mantienen el statu quo actual, con el que lograrían bloquear una legislación un tanto incómoda para ellos.

¿Independencia total para Groenlandia?

Como siempre que aparece la palabra “independencia”, “autodeterminación” o simplemente “mayor autonomía” en relación a un referendum o a una declaración, los medios de comunicación emiten comentarios grandilocuentes, viendo siempre, un destello, un reflejo en un espejo de nuestro país. Así ocurrió, por ejemplo, en el espinoso caso de Kosovo. Pero cuando nos alejamos en longitud y latitud, los temores van desapareciendo ya que, por fin, aceptamos las diferencias totales en cada uno de los conflictos nacionales.

Esta semana, la ciudadanía de Groenlandia (entorno a los 60.000 habitantes) ha votado a favor de una mayor autonomía frente al Dinamarca, que abre las puertas a una posible independencia en los primeros años de la próxima década. Algo que en los medios nacionales se da casi por hecho, lo que realmente, delata una falta de perspectiva total y una premura inusitada en el juicio de la situación.

Groenlandia es la mayor isla del mundo, cubierta en su mayor parte por hielo. Un hielo en proceso de fusión, que dejaría vastos terrenos a la intemperie, bajo los que se esconden (según se cree) enormes depósitos minerales y petrolíferos. La población, de base autóctona en su mayoría (innuit), se divide, de forma muy dispersa entre pequeñas ciudades costeras alejadas y aldeas tradicionales. A esto, se le suma la occidentalización (paradójico término, al situarse Groenlandia considerablemente al oeste de la metrópoli) urbana fruto de 300 años de colonización danesa. En esta situación, surgen diversas cuestiones que ponen en duda una independecia total de Dinamarca:

¿Cómo organizar un Estado moderno para un nivel de población tan bajo? Parece realmente complicado pensar en una relación de Estado a Estado tal y como se entiende actualmente: desde la creación de un funcionariado propio a un cuerpo diplomático con una presencia más o menos extensa (países nórdicos evidentemente, Unión Europea, Norteamérica, Rusia…). Las infraestructuras necesarias sería además realmente complejas de ejecutar unilateralmente, debido a las condiciones climáticas y orográficas.

¿Tendrían una estructura de Defensa? Este tema, uno de los princiapales símbolos de la independencia de un país, entronca directamente con la protección de la principal riqueza del país: el (posible) petróleo. El recurso más preciado del planeta, en caso de que se comenzase una no muy descabellada explotación, sería un objeto de deseo para más de una potencia. Y Groenlandia sería un país indefenso ante cualquier agresor, ya que su población es inferior al número de soldados de los ejércitos modernos. Su única salida, sería permanecer (como miembro independiente) en la OTAN o recurrir al paraguas de un país extranjero (tal como Islandia, que pese a no poseer ejército, pertenece a la coalición noratlántica y suscribió pactos militares con EE. UU.)

Pero no sólo en el terreno de Defensa deberán recurrir a otro país, a la metrópoli o a un sustituto: la explotación de los recursos es uno de los principales problemas que se les plantea. La tecnología, la inversión y la mano de obra constituyen un obstáculo inicial. Un sistema de concesiones a multinacionales extranjeras supone, de primera mano, una renuncia a la propia independencia recién adquirida (más aún, en un momento controvertido de ese sistema, como ocurre en Sudamérica). La solución alternativa, la imitación del sistema noruego (un país europeo que hace años nacionalizó los hidrocarburos, cosa que actualmente resulta escandaloso para las instituciones europeas cuando ocurre en países latinoamericanos), parece utópico, ya que Groenlandia carece de estructuras y experiencia previas, necesitarían el know how de un país “hermano” de la metrópoli.

Tampoco el modelo de descolonización del Pacífico parece aplicable: en esa región, actualmente, numerosos archipiélagos están creando comunidades de estados más o menos desarrolladas para afrontar su independencia, pero compartiendo unas condiciones comunes: dispersión territorial, pero concentración poblacional, escasez de recursos, nivel medio-bajo de desarrollo, posibilidad de explotación turística…

Por último, tendría un reto no menos importante: cohesionar un sistema de organización político, económico y social incluyente para la ciudadanía urbana y la población innuit tradicional: el modelo de reservas estadounidense sería un insulto al propio país, y el ejemplo australiano (la población occidentalizada concentrada en la costa este, la población aborígen dispersa) es insostenible, dada la total dispersión de la población en la isla. El riesgo de fractura social es el principal enemigo no-económico de un país.

En definitiva, parece difícil pensar que Groenlandia consiga un nivel de independencia como, por ejemplo, Puerto Rico (un país con soberanía compartida); tal vez, territorios como Groenlandia, Aaland, Islas Faeroe o Isla de Man, dado su nivel de vida acomodada lleguen a un punto de autonomía casi total, reservando únicamente lo simbólico a la metrópoli: representación exterior, defensa y soberanía. Administración y tasación, local. Ésta sería una solución lógica, fruto de un mayor desarrollo de la situación actual, pero como siempre son los minerales y el petróleo, la causa de unos problemas asociados a las riquezas de las naciones.

La nueva Rusia, la energía… y Schröder

Con la caída del Muro de Berlín, se cerró la Guerra Fría. Y veinte años después, no faltan voces que apuntan a una reedición de la confrontación, nuevamente contra Rusia. Según informaciones de los servicios de inteligencia españoles, existe un plan del gobierno ruso para monopolizar los accesos energéticos tradicionales (petróleo y gas) a Europa. Justo en el momento en el que los rumores de compra de la española Repsol por la rusa Lukoil (antes se apuntó a la pública Gazprom) toman cuerpo de noticia.

Tras, como decimos, veinte años, justo cuando el modelo económico occidental está un tanto en entredicho, no es éste (el capitalismo) el motivo de enfrentamiento, si no la causa tradicional e histórica de las confrontaciones entre naciones: la riqueza. La riqueza del siglo XXI, la energía. Una riqueza en la que Estados Unidos y Rusia son competidores tanto en reservas como en explotación, con inmensos intereses en atraerse políticamente gobiernos de otros países productores (Irak, Irán, Venezuela…); treinta, cuarenta, cincuenta años después de guerras por diferentes razones (no energéticas) en Corea, Vietnam, Afganistán…

Con el final de la Guerra Fría, el mundo presenció un supuesto triunfo del capitalismo en su versión más radical frente al comunismo. Una versión radical que ahora se nos presenta como muerta. A su vez, desde la izquierda sugió un movimiento renovador, la llamada Tercera Vía, cuyos máximos exponentes fueron Tony Blair y Gerhard Schöder, dos socialdemócratas que, en dos de las principales potencias europeas, cuando el capitalismo triunfó, colocaron en el gobierno a partidos de centroizquierda (tras largos gobiernos conservadores de Tatcher y Kohl). Pero, pese a mantener una base ideológica similar, la deriva de ambos ha sido sustancialmente divergente: la imagen del primero de ellos, el gran artífice de la renovación, ha caído en picado por su aprente sumisión al gobierno de George W. Bush. El segundo, tras retirarse de forma honrosa de la política (logró que su partido, casi desahuciado públicamente, sea fuerza de gobierno en el actual gabinete socio-conservador liderado por Merkel), ha pasado a la actividad privada. Una actividad privada en el mercado energético, como Presidente del Comité de Socios de la Junta Directiva del Gasoducto Noreuropeo. Tras este largo nombre, se esconde un proyecto financiado, fundamentalmente desde Rusia, con el objetivo de exportar gas por el Báltico hasta occidente, evitando países ex-comunistas (con fuerzas políticas potencialmente anti-rusas). Curiosamente, los dos líderes emergentes de la nueva política, acabaron sus carreras refugiados entre los restos distantes del conflicto anterior.

Pues precisamente en este punto de crisis, de renovación gubernamental en Estados Unidos, en el que el planteamiento político tradicional está discutido, emerge de nuevo Rusia como potencia internacional en expansión, confirmando las previsiones de un nuevo enfrentamiento frío con Rusia. Sólo queda saber quién estará al otro lado. ¿Estará Estados Unidos? ¿Estaremos todos los países “occidentales”? ¿Qué pensará Schröder? ¿De qué lado estará? ¿Caerá en el ostracismo de Tony Blair? ¿Se le pedirán públicamente hipotéticas responsabilidades? Respondiendo a las dos últimas preguntas probablemente, no.

Sobre la crisis

Probablemente, la palabra más repetida por los medios en los últimos meses o al menos la que más alcance ha tenido, ha sido crisis. Concrétamente, la expresión es la crisis. Una crisis global y doméstica, ya que al parecer, en nuestro caso, las caracterísiticas de nuestra economía marcan su desarrollo e impacto (aunque uno puede pensar, con todo el apoyo de la lógica, que eso ha de ser así en todos y cada uno de los países del mundo).

Curiosamente, esta crisis financiera, en España no ha golpeado directamente a las entidades bancarias e hipotecarias, sino a los implicados en esas transacciones: los compradores de viviendas y los constructores. Nuestra economía, según repetían, de nuevo, los medios, descansaba en la pujanza del sector de la construcción, pero el soporte era frágil: la burbuja inmobiliaria. Arrastrada por la tormenta finaciera, la burbuja explotó y como todos sabemos, la economía empeoró. Y a pie de calle, los indicadores económicos son claros: precios y empleo. Y España presenta los peores datos de empleo en más de diez años. ¿Se debe únicamente a datos de la construcción? No.

En las últimas semanas desayunamos con noticias en las que, de nuevo, otra palabra se repite de forma constante y amenazante: ERE. SEAT, Nissan, Ford… son numerosas las empresas automovilísiticas que anuncian o planean presentar Expedientes de regulación de empleo, muestra del impacto de la crisis en el sector.

Aplicando la lógica, podríamos decir que las grandes inversiones materiales de las familias a largo plazo son, sin duda alguna, el binomio casa-coche. Y si el ciudadano medio nota la crisis en su día a día, evidentemente, a nivel empresarial, los sectores de la construcción y del automóvil parecen los más afectados.

Pero no es la lógica, sino la realidad la que nos muestra la gravedad de la relación entre la crisis y el sector automovilístico: los automóviles han sido, durante el periodo de bonanza económica, el producto más exportado en España. Y este dato, curiosamente es omitido por la gran mayoría de los medios. Frente a la esperada explosión de la burbuja inmobiliaria, parece ser que nadie preveía la catastrófica situación de la industria del motor.

Tan extraño resulta pensar en España como país productor de automóviles que no sólo los propios ciudadanos lo ignoramos, sino que en su momento, tal dato causó estupor en un colaborador del saliente presidente de los Estados Unidos George Bush, cuando el ex presidente Aznar, al ser preguntado por cuál era el principal producto de la importación española le respondió con un escueto “cars“.

Y veremos en 2009, en el año de la recesión de la eurozona, qué palabras nos repiten los medios. Tal como están las cosas, esperemos que una de ellas no sea turismo.

Huelga de estudiantes

Para hoy jueves 13 de noviembre, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga en defensa de la enseñanza pública y, en lo referente a la Universidad, contra el llamado Plan Bolonia.

Sin entrar en valoraciones sobre el plan, ni en apoyo u oposición a la huelga, quisiera plantear algo básico referente al simple concepto de “huelga de estudiantes de la universidad pública”:

¿Qué sentido tiene convocar una huelga de estudiantes, si la asistencia a las clases es voluntaria en la universidad pública?

¿Cómo se contabiliza el número de estudiantes que la secundan, si la asistencia, al ser voluntaria, no se contabiliza el resto de días lectivos?

Tal vez, como método de protesta, sería más efectiva una huelga “a la japonesa”. Seguro que sería mucho más llamativo e impactante una asistencia total de alumnos a las clases. Y aunque, evidentemente, tampoco se podría diferenciar a los huelguistas de los presentes habituales, sin duda alguna, serviría para poner en evidencia la escasez de recursos de la universidad pública española.