Desde mediados de pasado siglo, las instituciones monárquicas europeas desempeñaban un papel de representación simbólica del país, alejadas de tareas de gobierno. El sistema de monarquía liberal concentraba el poder en los gobiernos de turno y en los parlamentos y el monarca realizaba una función similar al de los presidentes de la mayor parte de las repúblicas parlamentarias (con excepciones como Francia).
La implicación de las familias reales en las cuestiones políticas de actualidad siempre ha sido un tema espinoso en las últimas décadas, de ahí que los monarcas rara vez participen en el debate público, salvaguardando su imagen de garante constitucional que se les atribuye pública y legalmente. Pero esas “raras veces”, cuando se producen crean una controversia generalizada, envolviendo a toda la opinión pública: desde los principales medios de comunicación y opinión hasta el ciudadano de a pie. En nuestro país, durante el pasado mes de octubre se creó un debate alrededor de la publicación de un libro en el que se recogían ciertas opiniones de la Reina Doña Sofía a cerca de temas polémicos, como la violencia de género o los matrimonios entre homosexuales. Si bien en España, la Reina no tiene atribuciones legales más allá de ser la esposa del Jefe del Estado, la polémica salpicó a toda la Casa Real, poniendo en duda el papel de la Corona.
En Bélgica, en 1990, el Rey Balduino llegó a abdicar temporalmente (dos días, gracias un pequeño truco legal, en el que entregó en Regencia la Jefatura del Estado al Consejo de Ministros, para a los dos días el Parlamento otorgarle nuevamente la Corona) para evitar promulgar, en virtud de sus creencias católicas, una ley que regulaba el aborto. Éste es el caso más conocido en los últimos tiempos en los que un Jefe de Estado no ejecutivo rechaza firmar una ley aprobada por el Parlamento, acogiéndose a una suerte de desobediencia no recogida, en la mayor parte de los casos, por la ley.
En cambio, en otros países, el Jefe del Estado tiene la potestad de negarse a firmar las leyes aprobadas por las cámaras de representación. En la República Checa, tras la aprobación del trámite del Tratado de Lisboa por su Tribunal Constitucional (que previsiblemente será sacado adelante por el Parlamento), su Presidente Václav Klaus ha expresado su negativa a firmar ese Tratado. Este ejemplo no ha creado ningún tipo de polémica entorno a la potestad del Jefe del Estado para bloquear una ley. El problema surge cuando el bloqueo procede de una institución que, aunque reconocida por una Constitución democrática, no se rige por los principios de elección ciudadana. Así fue en Bélgica y así ocurre actualmente en Luxemburgo.
El Gran Ducado de Luxemburgo se enfrenta a una delicada situación tras la aprobación parlamentaria de una ley que legaliza la eutanasia y la posterior negativa del Gran Duque Enrique I a firmar dicha normativa. Pero a diferencia de Bélgica, la Constitución de Luxemburgo otorga al Jefe del Estado cierta libertad a la hora de promulgar leyes. Este es el punto que genera una polémica que puede desencadenar una grave crisis institucional. Podría decirse que la representatividad parlamentaria, el mandato ciudadano, el fruto de la elección democrática, se enfrenta a la decisión personal de la Monarquía, de un Jefe de Estado cuyo cargo ha sido heredado. Pero el matiz que dota de mayor complejidad a la situación es esa prerrogativa del Gran Duque para firmar leyes.
Entonces, ¿estamos ante un atentado contra la democracia?, ¿es garante de la democracia un monarca que se niega a promulgar leyes parlamentarias?, ¿sería contrario a los principios democráticos negarle a Enrique I esa libertad recogida en su Constitución?. Lo que a simple vista puede parecer un conflicto entre una institución tradicionalmente conservadora y un parlamento progresista, se convierte en un dilema que ataca directamente a los principios democráticos de uno de los países fundadores de la Unión Europea.
Por su parte, la Unión Europea, que tiene entre sus principios fundamentales los valores democráticos (uno de los requisitos de membresía es mantener un régimen democrático) y que ha despenalizado (aunque no la ha legislado, competencia de los parlamentos nacionales) la eutanasia, ve cómo en un momento de parálisis institucional (por los sucesivos tratados constitutivos), uno de sus miembros tiene paralizados sus mecanismos de legislación por un poder cuyo representante no ha sido elegido por procedimientos democráticos. Sin lugar a dudas, es un peligroso e incómodo precedente para la UE una situación en la cual un monarca situa su poder por encima del legislativo.
Probablemente, el origen del problema y el fondo final del mismo no es la ley sobre eutanasia en sí misma, sino la situación de la monarquía en el panorama actual. El apego a las tradiciones es una evidencia en las instituciones monárquicas es parte de su esencia incluso en los regímenes liberales actuales. Si bien algunos monarcas presentan aún al ejecutivo como su gobierno (caso británico); el papel meramente simbólico (caso español) es el habitual. Pero el caso luxemburgués coloca a la Corona en el centro de las críticas por su papel activo: la pasividad es el principal sustento de las familias reales de la Europa democrática, por lo que Enrique I, siguiendo sus convicciones, ha puesto en peligro su propia estabilidad.
Por lo pronto, y con vistas a evitar un grave desequilibrio, el gobierno de Jean-Claude Juncker llevará al Parlamento una propuesta de reforma constitucional que prevé reducir los privilegios del Jefe del Estado a la hora de promulgar leyes. Para ello, necesitarán el apoyo de dos tercios de los diputados. Habrá que estar al tanto del compromiso de los diputados de la minoría conservadora, si recortan el poder real en favor de la democracia o si mantienen el statu quo actual, con el que lograrían bloquear una legislación un tanto incómoda para ellos.
